Los rectores de las universidades públicas y estudiantes han llamado la atención del gobierno a través de los medios y protestas pacíficas, para que la reforma de la ley 30 de 1992no se lleve a cabo.La ministra de educación, Cecilia María Vélez White, radicó el pasado 14 de abril la propuesta ante la Comisión sexta del senado para una reforma legislativa de esta ley, que rige la educación superior.En medio de esta conmoción,¿dónde está la educación privada? Y también cabe preguntarse ¿no afecta a la educación privada esta reforma?
El secretario general de la Fundación Universitaria Luis Amigó (FUNLAM), Francisco Javier Acosta cuenta cómo afecta a la educación privada: “El proyecto trae varias cosas: el ingreso de capitales privados, que convierte a las universidades en sociedades anónimas que pueden expedir acciones y la gente pueda comprarlas. Implica que se pueden repartir dividendos y utilidades por los ejercicios fiscales. La universidad tendría que depender de lo que invierten y no invertir en sí mismas”.
Es decir, comenta el secretario general de la FUNLAM, que el meollo radica en que las universidades, sin ánimo de lucro y sin ánimo de perdida deben volverse con ánimo de lucro y están obligadas a dar utilidades, o se pueden quedar descapitalizadas.
¿Qué beneficios trae esta reforma?
Algunos como el docente Jorge Mario Gaviria Hincapié, docente de la Universidad de Medellín, creen que esta reforma resulta bastante beneficiosa a nivel productivo para la universidad privada, él mismo comenta un poco sobre el asunto: “Beneficia enormemente porque abre la posibilidad para que el sector privado entre a participar masivamente del servicio de educación superior transformándolo en un verdadero negocio como ocurrió con la ley 100 que entregó en su momento el servicio de administración y prestación de servicios de salud al sector privado en Colombia”.
“Las instituciones de educación superior privada tendrán una oportunidad para aumentar su posibilidades de cobertura y oferta, así mismo un crecimiento por la capacidad de contratación para el desarrollo de investigación con el estado”, agrega Gaviria Hincapié, quien además cree que la docencia, la investigación y la extensión estarán determinadas por indicadores de productividad y racionalización de costos, lo que implica exponer a los docentes a salarios que estarán determinados por las políticas de gestión y administración.Gestión que no admitirá recursos que no sean rentables.
Miguel Andrés Quintero Calle, precandidato del Partido Verde al Concejo de Medellín, considera que con esta reforma la principal beneficiada es la educación privada: “Le conviene porque si se privatiza lo público va a lograr que su empresa crezca”. También argumentó que a la universidad privada no le interesa lo social sino crecer como institución, pero maquilla lo social.
¿Cuál es el costo real de la reforma para la institución privada?
Francisco Javier Acosta comenta recordando un viejo adagio: “Quien pone la plata, pone las condiciones” y este es uno de los elementos que sostienen las universidades públicas en su discurso, hablando de la pérdida de la autonomía por parte de la institución universitaria.
La vicepresidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, Yaneth Fernández Moreno, docente de trabajo social hace 15 años comentó durante la marcha de universidades el pasado 7 de abril, que la ley afecta a todo el sistema de educación superior incluyendo a las universidades privadas: “en cuestiones de titulación, créditos, clasificación de grupos, clasificación de universidades”, también dijo que las empujaba a un mercado abierto que es todavía más competitivo: “Se sentiría obligada a competir con una cosa que no quiere competir”.
Jorge Alberto Montoya, estudiante de arquitectura de la Universidad Nacional cree también que la universidad privada se verá afectada: “Porque la financiación privada lleva a que la educación tenga un limitante, no tenga una libertad de cátedra, dependa de las opiniones que se tengan de aquellos financieros. Empeora el sistema educativo de tal manera que el desarrollo de las ciencias en Colombia marcaría un retraso”.
“Si bien el apoyo de muchas empresas ha sido determinante en innumerables proyectos de investigación y en el mismo acceso de muchos colombianos a la Universidad, al pretender aumentar la cobertura (mayor efectividad para más gente, por menos dinero y en menos tiempo) se abren las puertas no sólo a la mediocridad académica, sino a la mentalidad «progresista» del lucro a costa de la calidad”, comenta Danny Humberto Carvajal Rico, estudiante de licenciatura en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, quien además cree que hacer de las universidades un campo de competencia en el mercado es la muerte de cualquier esperanza de progreso para el pueblo.
¿Cómo funcionaría esta ley para la universidad privada?
“Ya estamos en la educación privada, ya casi que estamos totalmente vinculados como estado a lo privado. Por créditos lo estamos”, comentó el precandidato Miguel Andrés Quintero Calle. Otros, como el secretario general de la FUNLAM, Francisco Javier Acosta, creen que la situación de protestas corresponde a meros imaginarios.
“Al hacer un símil con lo que ocurrió en el sector de la salud, los grandes poderes económicos crearán empresas que tendrán sus propios centros de formación, cuyos planes de estudio se ajustarán a sus necesidades puntuales, formación para el trabajo. De esta manera la pluralidad y la divergencia se verán menguadas porque desaparecerán los espacios críticos y creativos, estos claudicarán ante el servicio voraz de la rentabilidad”, comenta el docente, Jorge Mario Gaviria Hincapié. Posición con la que concuerda Quintero Calle, quien además agrega: “Lo que se quiere lograr es una universidad que sea una empresa auto-sostenible”.
Por su parte, la docente Yaneth Fernández Moreno cree que es una ley que bajo la batuta de los fondos privados de la educación, devora el sistema de redes de universidades de educación superior: “Perjudica el sistema de créditos, hora crédito y la re-acreditación de los programas y la inscripción de programas con nuevos créditos”. Poniéndolo en otras palabras, desde la perspectiva del precandidato verde, la deserción de la universidad privada se debería a la capacidad del estudiante, para sostener el pago de dichos créditos. Lo que no le asegura el Estado es que su universidad permanezca acreditada.
Otros reconocen que no entienden cómo afectaría tal ley a la institución privada, como Danny Humberto Carvajal Rico, que pertenece a una universidad privada: “No conozco la ley 30, así que la información que tengo está muy limitada a lo que se ha divulgado en los foros y espacios de participación”. De esto que ha escuchado externo a su institución, Carvajal Rico cree que el estado lo que desea es desentenderse de uno de sus principales deberes con el pueblo colombiano: la educación superior.
¿Por qué la educación privada se aísla?
Según Miguel Andrés Quintero Calle, el asunto de la ley 30 parece interesarle sólo a los estudiantes y no a los directivos, por eso muchas veces se dan los choques entre ambos. Para Sandra Yaneth Fernández Moreno: “a la universidad privada no le interesa la ley porque ya trabaja con el capital privado”.
“Sabemos que la universidad privada no acompaña a la universidad pública cuando sale a protestar”, dice Quintero Calle, quien además cree que esa actitud es incorrecta porque nos corresponde defender a todos la educación pública.
Posición con las que no concuerda Jorge Mario Gaviria Hincapié, quien además alude a la difusión en medios masivos de comunicación: “Se está dando la discusión, los medios de comunicaciones están difundiendo las diferentes posiciones de los actores”, aunque en el fondo no cree que esto sea la solución en un estado viciado donde según él: “imperará la voluntad política que responde a una idea neoliberal mundial”.
¿Cuál es el futuro de la educación privada?
“No sé qué tan conveniente sea para nuestro país intentar ir a la vanguardia del fenómeno de la globalización en materia de educación, cuando no se ha logrado siquiera un mínimo de cobertura en la prestación del servicio”, expresa Danny Manuel Medina Agudelo, estudiante de derecho de la Universidad de Antioquia, quien además cree que antes de reformar deberíamos crear políticas desde el gobierno para mejorar el servicio y la calidad en la educación.
Jorge Mario Gaviria Hincapié cree que esta reforma es completamente viable porque el servicio de la educación superior estará en permanente demanda, con una gran cantidad de clientes: “se beneficiarán las entidades de financiación que en su momento regularán los procesos de administración de estos recursos cobrando por esta administración como sucede hoy con las pensiones y cesantías”. Asunto que no comparte Jorge Alberto Tamayo, quien cree que bajará el acceso a la educación, se disminuirá la calidad educativa y disminuirá la posibilidad del relevo generacional.
Para Danny Humberto Carvajal Rico, de ser aprobada esta reforma se evidenciaría el desinterés del estado tanto por la educación privada y pública superior, y por las necesidades reales del país. Cuando un Estado le entrega tanto poder a la universidad privada y al capital privado, se permiten sinnúmero de arbitrariedades en su implementación, como lo cree Medina Agudelo
El mayor afectado en la universidad privada de esta reforma es el estudiante sobre el que caen todos los costos, comenta Francisco Javier Acosta. Argumento que apoya Miguel Andrés Quintero Calle, quien además cree que el estudiante debido esta situación se verá en la obligación de elegir entre trabajar o estudiar.
“El costo de la universidad privada es un estado que no es incluyente”, expresa Quintero Calle, y más aún cuando esta educación privada no estaría brindando calidad sino rentabilidad. “Fomentaría la inequidad de las ciencias humanas con las ciencias aplicadas y tecnológicas”, agrega Yaneth Fernández Moreno, quien cree que una universidad-empresa develaría la muerte de la ciencia humana en beneficio de la técnica.
El debate sigue en pie y múltiples voces empiezan a argumentar sobre el asunto de la reforma, que parece tener vía libre en el congreso donde se encuentran mayorías con voto de la Unidad Nacional. El recurso queda en manos de la Corte Constitucional que, como en otras ocasiones. se manifestará al respecto de dicha reforma si esta logra pasar los debates respectivos en el congreso. Pero en medio de esta realidad, sigue en silencio la voz de la universidad privada, que no termina de involucrarse en la construcción de nación y parece conformarse con las políticas que se le imponen.
