La toma y retoma al Palacio de Justicia 25 años después no se han resuelto. Las Fuerzas Armadas y el M-19 deben aclarar sus acciones y el Estado debe responder por la impunidad y el manejo que se le ha dado a esta tragedia durante un cuarto de siglo.
La tragedia del Palacio de Justicia no ha sido resuelta porque los integrantes del M-19, responsables de la toma, fueron indultados y las fuerzas armadas cuyos efectivos ejecutaron la retoma no aceptan su culpa y el Estado se convirtió en parte responsable por las demoras en aclarar dichas acciones.
El hecho ocurrido entre los días miércoles 6 y jueves 7 de noviembre de 1985 aun no es claro para los colombianos porque se considera que la Rama Judicial sigue presentando deficiencias.
El sociólogo Adolfo León Maya Salazar comenta que “creo que se reabren investigaciones sobre la toma por un asunto no solo de derecho sino de justicia, que no ha concluido. El país todavía tiene la necesidad de saber, de conocer, desde la perspectiva del derecho internacional y el Estado se equivoca cuando le da un tratamiento de campo de batalla. Por eso, a mi entender, sigue abierto”.
Verdad y humo
En el libro Palacio de Justicia historia y militarismos, de Adolfo León Atehortúa y Humberto Vélez, se afirma que “cuando una idea toca el fondo de los grandes males nacionales, el debate se acuña en los moldes clásicos de las técnicas de propaganda. Se oculta, se ultra simplifica para negar, se hacen cortes, mutilaciones y distorsiones, se reelabora y reubica el objeto con el fin de facilitar el tiro, mejorando así el blanco al que se quiere disparar”.
Es evidente que se ha dado mayor importancia a la toma del Palacio que a la retoma ocurrida un día después. El desalojo y el rescate de los rehenes se convirtió en una acción violenta por parte de agentes de la fuera pública pero es importante recordar que si el M-19 no hubiera entrado al Palacio ni hubiera tomado rehenes, las Fuerzas armadas tampoco hubieran ejecutado la retoma.
Uno de los casos más controversiales es el del magistrado Carlos Horacio Urán quien salió con vida del Palacio y luego apareció muerto a causa de un tiro de gracia, su cuerpo fue lavado e intentaron quemarlo. Actualmente tres generales en retiro son investigados por este delito.
“No solamente por lo que conocemos ahora, el Estado entra a eliminar a los integrantes del grupo guerrillero sino también a los magistrados de la Corte. Curiosamente no entra con el ánimo de rescatar sino de atacar todo lo que encuentre en el recinto, hoy en día tal vez se pueda aclarar pero aún estamos a la espera”, señala el abogado e historiador Oswaldo Castellanos.
Victimarios indultados
Uno de los asuntos más espinosos en toda la historia de la toma es el indulto general que el Estado les concedió a los integrantes de la desaparecida guerrilla del M-19, pues las víctimas y el gobierno critican que hoy en día muchos desmovilizados ostenten cargos públicos, al punto de que la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore) estudie una posible demanda de inconstitucionalidad.
“Hay que recordar que el Estado colombiano indultó al M-19 cuando sus combatientes se reinsertaron a la vida civil, en 1990”, agrega Castellanos Meneses.
En el periódico de Acore se expresa que “si la verdad fuera el objetivo, entonces los guerrilleros del M-19 que se desmovilizaron y fueron indultados por el gobierno de Virgilio Barco, hoy congresistas y servidores públicos, también deberían ser llamados a juicio por estos acontecimientos”.
La sombra de Betancur
En cuanto al papel del entonces Presidente de la República, Belisario Betancur, Cuartas, Luis Fernando Otálvaro, actual presidente de Asonal Judicial en Antioquia opina que “se ordenó a la Ministra de Comunicaciones que omitiera lo que estaba pasando en el Palacio y no se siguieran transmitiendo imágenes en directo sobre esta toma”.
“Hubo todo un día cuando los colombianos no supimos que pasó, cómo fue de cruel la retoma y ese irrespeto a la vida y a los derechos de quienes estaban allí. El papel del Presidente fue de absoluto silencio, creemos que fue un secuestro por parte del Estado no lo dejaron salir públicamente a enfrentar la toma. Creo que fueron los militares y no los civiles quienes dirigieron el acto que enluta a Colombia”, añade el dirigente sindical.
Las investigaciones contra Belisario Betancur han precluido en dos ocasiones por la Comisión de Acusaciones.
Plazas Vega divide opiniones
El coronel (retirado) Francisco René Pedraza Peláez, quien fue el secretario privado del general Rafael Samudio Molina entre 1984 y 1986, opina que el también coronel en retiro Alfonso Plazas Vega “es el chivo expiatorio del proceso, el que menos tuvo que ver con todo lo que aconteció en el Palacio de Justicia primero porque, conociéndolo como lo conozco, es una persona sumamente religiosa que ni siquiera ha sido capaz de matar una cucaracha, un hombre que no se toma un trago, no creo que haya ordenado desaparecer o asesinar”.
Plazas Vega es, hasta ahora, el único condenado en la historia del Palacio de Justicia en una decisión que le costó a la jueza María Stella Jara, autora del fallo, amenazas de muerte y el exilio en Alemania.
Adolfo León Maya Salazar estima que la condena de Plazas Vega está “ajustada a derecho. Los militares no pueden reclamar en aras de actuar en defensa de la democracia como lo proclamó el oficial condenado. Creo que no debe haber para ninguna de las partes una expresión de impunidad ni una ausencia de proceso judicial y si en este caso Plazas Vega tiene todo un conocimiento de causa, una información de procederes y, sobre todo, debe dar cuenta de un comportamiento que deslegitima la acción del Estado por la existencia de desaparecidos de esa retoma del Palacio de Justicia. Si es cuestionable la toma de parte del M-19, lo es también la retoma oficial en donde se neutralizan los poderes por su acción”.
El periódico de Acore asegura que no hay desaparecidos de la cafetería del Palacio, que el M-19 los mató y afirma que “según el Tribunal Especial de Instrucción, las personas que figuran como desaparecidas están fallecidas. Al estar muertas no están desaparecidas, luego no puede haber delito de desaparición forzada”.
Sigue ardiendo
Luis Fernando Otálvaro considera que “el Palacio sigue en llamas porque no se ha encontrado la verdad, no hubo reparación y apenas empieza a comenzar la aplicación de justicia. Cuando esos actos, cometidos por el Estado, no se han reparado, podemos decir que las heridas siguen abiertas y el Palacio de Justicia sigue en llamas”.
Estos 25 años han sido para los familiares de los desaparecidos una búsqueda constante de la verdad cubierta por la impunidad y tras la condena de Plazas Vega estas personas siguen esperando que sus familiares aparezcan y que los culpables paguen por los delitos cometidos.
Los 25 años se conmemoraron el cinco de noviembre en el Palacio de Justicia con un acto simbólico de encendido de una llama eterna que representa el recuerdo de las víctimas de aquel noviembre de 1985.
