El proyecto de ley propuesto por el gobierno de Santos para la restitución de tierras no se acerca al significado de reforma agraria porque no tiene los alcances de una de éstas y porque no toca las verdaderas estructuras de propiedad sobre la tierra.
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Los grandes propietarios de las tierras en Colombia no han permitido que se realicen cambios en las estructuras de la tierra llevando a que los anteriores proyectos fracasen. El Gobierno Nacional plantea que al entregar tierras a los campesinos, incautadas al narcotráfico, se logrará mejorar la situación de la economía agraria del país, disminuyendo la pobreza y el desempleo.
El gobierno de Santos Calderón propone que los campesinos se devuelvan a tierras incautadas a testaferros y narcotraficantes, entregándoselas a sus legítimos dueños “porque nuestro Juan Valdés necesita patrimonio e ingresos y tierra fértil en producción”, dijo el mandatario en su discurso de posesión, el pasado 7 de agosto.
Otto Morales Benítez, ministro de agricultura entre 1968 y 1971, es enfático cuando afirma que “una reforma agraria es cambiar las estructuras de la tierra, dividir el terreno, entregándola según los parámetros económicos y demográficos. Lo que Juan Manuel (Santos) va a hacer es una expropiación de unos territorios y se la va a devolver a sus dueños, pero esto no cumple con los parámetros de reforma”.
Una reforma debería contener vías de comunicación para la comercialización de los productos, profesionales capaces de definir los usos del suelo, educación y los requerimientos básicos de vivienda. Estos aspectos no los tiene la nueva propuesta de reforma, dice Morales Benítez.
Sí es una reforma
Contrario a lo que afirma el ex ministro, el ex alcalde de Medellín, Evelio Ramírez Martínez asegura que este gobierno sí va a entregar las tierras y hará la que considera una buena reforma agraria, ya que se preocupa por los campesinos y el regreso a sus hogares, no como sucedió en el pasado mandato con Agro Ingreso Seguro (AIS) donde los recursos se entregaron a los latifundistas mayoritarios.
Otto Morales Benítez relata que en el país, cuando los conquistadores españoles les quitaron las tierras a los indígenas, este recurso se convirtió en el primer factor de independencia, donde los primeros dueños de los latifundios buscaron volver a su zona.
El economista Jorge González dice al respecto que esta forma de oposición de los grandes capitalistas ha frenado reformas agrarias que tenían todos los requerimientos pero que no beneficiaban a la gran propiedad.
Historia de reforma
La Ley 200 de 1936 se recuerda por su importancia en el sector agrícola. De ésta dijo Darío Echandía en el libro Economía Agraria Colombiana que “establece una nueva modalidad en la propiedad territorial desde el punto de vista de la función que debe llenar como elemento de transformación social y económica; da a la propiedad rural seguridad”.
Pero esta ley fracasó. Morales Benítez argumenta que la presión de grupos sociales económicamente fuertes, la falta de reglamentación para su rápida aplicación, y la “agitación política, creada artificialmente, favoreció a desviar la atención de las finalidades de la ley”.
Ramírez Martínez dice que esta fue una de las reformas agrarias más recordadas, ya que se centró en la explotación de los predios de forma obligatoria, otorgando el derecho de dominio mientras se estuviera explotando correctamente o de lo contrario las restituirían al Estado.
Según el agrónomo Hernán Zapata Palacio, la Ley 200 debió ser “el comienzo de la revolución agro- industrial, ésta tenía muchos elementos para realizarse si los liberales lo hubieran querido, puesto que López Pumarejo no contó con el apoyo de las clases adineradas, los terratenientes del país para cumplirla”.
Posteriormente llegó la Ley 100 de 1944 que consagraba el efecto que iban a tener las parcelaciones; como objeto principal se tenía el incremento de la producción agrícola. El artículo 18 de la misma establece que “declárese de interés público y social la adquisición por el Estado de tierras incultas o insuficientemente explotadas pertenecientes a particulares, para ser parceladas en términos y con facilidades económicas y sociales de la presente Ley”.
Los campesinos al trabajo
Durante el mandato transitorio de Darío Echandía, en 1944, se creó la oficina de baldíos con la que se buscaba que los terrenos ubicados en las selvas o las zonas de los bosques fueran parcelados para la explotación del suelo. La pretensión era no tocar los territorios de los ricos y, a su vez, darles un pedazo de tierra los campesinos para trabajar, dice Zapata Palacio.
En el libro Economía agraria colombiana, de Carlos Mario Londoño, cita al autor de la ley: “El proyecto establece una nueva modalidad en la propiedad territorial desde el punto de vista de la función que debe llenar como elemento de transformación social y económica; da a la propiedad rural seguridad; termina con el sistema semifeudal y antieconómico existente; impide que el labriego, que ha vinculado sus esfuerzos a la tierra, sea vencido en los juicios posesorios por quien solo exhibe un título inscrito”, decía Darío Echandía.
Morales Benítez cita que “la tierra no es de quien tenga el título sino de quien la trabaja”, en referencia a otra frase de Manuel Murillo Toro, ministro de Hacienda del gobierno de José Hilario López.
Con la reforma constitucional de 1945, Alberto Lleras Camargo se estableció que la tierra es función social porque tiene que alimentar la sociedad, darle bienestar al campesino y estabilidad a la comunidad, añade Morales Benítez, testigo de excepción de la vida colombiana de los últimos 60 años.
Ley 135 de 1961
Carlos Lleras Restrepo, durante su gobierno, buscó que el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) se fortaleciera para darle oxígeno a las organizaciones que ayudaban a los campesinos a fortalecerse, especialmente cuando en esta época se consolidaban grupos guerrilleros como el Eln, las Farc y el Epl.
Dentro de los conceptos de Lleras Restrepo estaba el de construir “un clima de paz social en los campos, (que) no lo vamos a obtener sólo por medio de la Policía y el Ejército, sino por medio de la justicia, por medio de mejorar las condiciones rurales”, dice la revista Universidad Cooperativa de Colombia en su edición número 70.
Esta reforma instituyó que los campesinos accederían a la tierra a través de tres estrategias: la dotación de tierras a las personas del campo, la adecuación de para incorporarlas a la producción y darles servicios sociales básicos, en donde intercedían el Incora y el Fondo Nacional Agrario (FNA), recuerda el ingeniero Ramírez Martínez.
Pero los enemigos
Carlos Mario Londoño escribe sobre realidades en las que el “forcejeo de las clases dirigentes por conservar la actual estructura social y económica” impulsa a que se incremente la lucha entre la propiedad y la libertad.
Un informe editado por www.fian.org (sitio Web de Food First Information and Action Network –Grupo de Trabajo para la Información sobre Ayudas Alimentarias) en 1993, se explica que “los narcotraficantes se adueñaron a gran escala de las mejores tierras para dedicarlas principalmente a la ganadería, con el fin de lavar sus dineros ilícitos”, generando que se desplazaran miles de familias campesinas de sus tierras.
Jorge González, al explicar qué tan importante es el campo para Colombia, dice que “a nivel financiero podemos decir que la bolsa agropecuaria donde se comercian los bienes agrícolas en el país, maneja cantidades enormes que relacionadas con el PIB, es más grande que lo manejado por la bolsa de Valores de Colombia”.
Después de 60 años ya no son las guerrillas formadas por campesinos, sino los grupos de narcotráfico que impiden el desarrollo de una reforma agraria, ya que ejercen presión sobre territorios de importancia estratégica generando violencia dice Zapata Palacio.
La reforma de la contra
En el libro Derecho Agrario, lo jurídico y lo social, de Morales Benítez, dice que la reforma agraria aceleró, en algunos aspectos, la modificación del campo colombiano. Durante su mandato muchos propietarios invirtieron para evitar una mala clasificación de su predio.
Pero, lo que pasó con ella fue que no se aplicó, es decir lo que se inició, no se continuó por la cobardía frente a las presiones de los poderosos y eso es lo que hay que censurar, criticar y reclamar a quienes tenían la capacidad de mando y no la ejercieron, añade Morales Benítez.
Los proyectos de reformas agrarias en Colombia se confunden con los de restitución de tierras, llevando a los campesinos a enfrentar problemas de seguridad, con aquellos grandes latifundistas que se sienten amenazados por las transformaciones patrocinadas por el Gobierno Nacional.
El problema neurálgico sobre la propiedad sobre la tierra va a volver a estar en el centro de las preocupaciones nacionales con el proyecto del gobierno de Santos y eso que, según los expertos, no alcanza a ser una reforma de verdad.
