Las familias siguen en la búsqueda de sus desaparecidos, sin encontrar la verdad, sin una respuesta del gobierno y con la insoportable indiferencia de la sociedad.

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“¡La de gafitas! ¡La de gafitas!”, gritaba un hombre desde el interior de un carro, mientras Ángela Torres y Raquel Restrepo permanecían agachadas, en el piso de la Notaria 12, sin mirar a nadie porque esa fue la orden de los desconocidos que habían ingresado con armas de fuego, amenazando al público de este lugar.

Un hombre gordo, con chaleco de policía, señalaba con su arma a las mujeres tiradas en el suelo. Al mostrar a Ángela se escuchó un grito desde afuera: “¡Esa es!”, se oyó decir.

“El gordo se acercó hasta Ángela y le mostró una identificación del F-2 (dependencia de policía judicial e inteligencia de la Policía Nacional hoy conocida como Sijin, nota de la autora) y una orden de captura”, recuerda Raquel.

Era el 14 de agosto del 2001, en la tarde cuando desaparecieron a Ángela María Torres Restrepo, a una cuadra del parque principal de El Poblado.

Raquel Restrepo salió detrás de su hija, Ángela, quien estaba esposada, para ver que le iban hacer o acompañarla hasta la patrulla. Cuando salió a la calle había mucha gente alrededor y, después, una señora en la notaria le dijo que las personas que estaban afuera venían con los hombres que se habían llevado a su hija.

En busca de la verdad

Luz Amalia Torres, hermana menor de Ángela, el día de la desaparición, llamó a la estación de Policía de El Poblado a preguntar por su hermana. Le contestaron que estuvo allá pero que la habían trasladado para la estación Laureles. Enseguida llamó a esa estación y le respondieron que estaba en la Sijin.

En vista de no tener ninguna razón de Ángela, Amalia y su madre se fueron para la Sijin donde la única respuesta que encontraron fue que “ese día no había ingresado ninguna mujer y mucho menos con ese nombre”. El desespero no les permitió entender el mensaje. Entonces les recomendaron ir a Derechos Humanos.

Esa noche, madre e hija después de caminar por varias horas llegaron a la sede del Comité Regional de Derechos Humanos donde les tomaron los datos porque a esa hora no tenían abogados disponibles para buscar a Ángela en las inspecciones. Al día siguiente, Amalia llamó a preguntar qué sabían de su hermana y ningún ente gubernamental dio respuesta.

Teresita Gaviria ha enterrado a once de sus familiares y la sacaron de su tierra, pero el dolor que le causa la desaparición de su hijo no tiene comparación con todo lo que ha vivido, por esto no ha dejado de buscar la verdad durante doce años sin encontrar ninguna respuesta.

Raquel Restrepo, con 71 años de edad, después de haber enterrado cinco hijos hombres, hoy lo que más le duele es la desaparición de su hija Ángela porque a los demás les dio cristiana sepultura. En cambio, cada noche se acuesta a pensar “¿dónde estará mi niña?”.

Madres de la Candelaria

En octubre de 1999, después de la marcha nacional por el No Más (una campaña convocada por la fundación País Libre, contra el secuestro), un grupo de mujeres empezó en Medellín con el apoyo de Redepaz, Asfamipaz y País Libre, la idea de crear el espacio del plantón en el atrio de la iglesia de Nuestra Señora de La Candelaria, tomando como ejemplo las Madres de la Plaza de Mayo, de Argentina, una asociación de mujeres surgida durante la dictadura de ese país de 1976 para reclamar por la suerte de los desaparecidos por los militares.

Con su trabajo, las Madres de La Candelaria se hicieron merecedoras del Premio Nacional de Paz en 2006.
Teresita Gaviria, fundadora de la Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria, vivía en una finca de Urabá, de donde tuvo que salir para Medellín porque asesinaron a su papá e hirieron a un hermano.

El 5 de enero de 1998, su hijo de 15 años viajaba por carretera para Bogotá y en el corregimiento de Doradal, municipio de Puerto Triunfo, fue retenido por grupos armados al margen de la ley.
Desde el día que lo desaparecieron, Teresita no sabe nada de su hijo, pero empezó a vivir como un judío errante: todos los días trasiega, marcha y toca puertas. A raíz de su búsqueda se le unieron muchas mujeres que en la actualidad conforman un grupo de 696 asociadas.

Estas madres formaron una alianza con la Comisión de Reconciliación, creada por la Ley de Justicia y Paz, para que les permita acompañar a la víctima hasta el victimario y poder escuchar las versiones libres que dan los comandantes, con la esperanza de que digan algunas de las coordenadas donde están los cuerpos enterrados.

“Han sido muy poquitas las verdades que hemos podido hallar. Hasta ahora solo se han encontrado quince personas en once años”, afirmó, Teresita Gaviria.

                             
¿A dónde van?

En diciembre del 2001, un hombre llamó a Raquel y le dijo: “vea, yo era amigo de Angelita, la monita”. No se identificó dizque “para no meterse en problemas”, pero le dijo a la madre: “a ella la mataron en Llanaditas, por los lados de Las Palmas o San Cristóbal, le dieron unos tiros en la cabeza y la tiraron a un lago”, recuerda Raquel que le dijo aquella voz sombría. Nunca quiso saber dónde era, exactamente, el lago cerca de Llanaditas, un sector semi urbano de las colinas nororientales de Medellín, en todo caso ni cercas a Las Palmas ni a San Cristóbal.

El 21 de abril de 1998, los hermanos Jairo y Óscar Osorio comenzaron un viaje en Dabeiba con destino a Medellín, pero nunca llegaron. Desaparecieron en alguna parte del camino cuando viajaban a bordo de su Renault 9 –que tampoco apareció- y sus parientes, como ocurre en estos casos, iniciaron la búsqueda desesperada en cada poblado del camino. “Realmente a nosotros nunca nos dijeron qué había pasado”, recuerda Noemí Osorio, ahora vicepresidenta de la asociación de Madres.

“El 2 de enero de 2002 salió algo de la Fiscalía, que condenaban a un integrante de un grupo armado, que estaba relacionado con la desaparición de mis hermanos. Era Luís Alberto Tuberquia, alias Nené. Edilma, la esposa de Óscar, fue la que estuvo trabajando para que la Fiscalía indagara. Así nos dimos cuenta de qué pasó”, añade la mujer que ahora participa de ese movimiento de reivindicación de víctimas en medio de la guerra.

Justicia y Paz

Según Héctor Eduardo Moreno, director de la Unidad de Justicia y Paz en Antioquia, la Fiscalía General de la Nación emprendió un programa metodológico de búsqueda de desaparecidos en Medellín, que comprende fases de consolidación de la información, en la primera etapa la estrategia era ir a las comunas de Medellín y preguntarles a las víctimas. Se hicieron nueve jornadas en la ciudad que arrojaron 147 desaparecidos.
Además, han construido un banco genético con más de 13 mil muestras en el territorio nacional, recuperado tres mil cadáveres de personas desaparecidas en Colombia y entregado 1.050 cadáveres identificados.

Para Teresita Gaviria, la Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria, solo han recibido del Estado indiferencia porque “lo único que han por nosotras es dejarnos ingresar a los juicios y hablar con los comandantes guerrilleros y paramilitares”. A pesar de esta situación estas mujeres siguen en la búsqueda de sus 946 desaparecidos en Medellín.

Experiencias
Freddy Peccerelli, experto de la Fundación de Antropología Forense, de Guatemala, afirma que su país lleva 18 años de trabajo en la recuperación e identificación de víctimas del conflicto armado interno y, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, existen 200 mil víctimas de las cuales se conoce que 160 mil están fallecidas y cerca de 45 mil fueron víctimas de desaparición forzada. A partir del 2004, Guatemala se ha enfocado en hacer búsquedas de personas desaparecidas en centros urbanos, específicamente en los cementerios.

Para Peccerelli, así como existen las formas para desaparecer un cuerpo, de la misma manera pueden existir mecanismos de búsqueda donde estos fueron depositados. En la actualidad, Guatemala está exhumando osarios generales en un cementerio, los lugares de indagación tienen hasta cuatro metros de diámetro y una profundidad de catorce metros. De esta fosa han removido 4.500 osamentas, en las cuales esperan encontrar cerca de mil desaparecidos.

Oscar Loyola, experto en antropología forense del Perú, confirma, que su equipo ha trabajado durante diez años en los casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial, relacionados a los 20 años de conflicto que sufrió su país por la época de los 80 y 90, principalmente en la Sierra de Perú.

Para el experto peruano, las personas que han sufrido una violación tan cruenta de sus derechos como la desaparición forzada, viven una ansiedad permanente y un daño constante por el no saber el paradero de sus familiares. Estas personas no sólo tienen derecho a la verdad sino también a la justicia.