El agua es un líquido esencial para la vida de todos los seres vivos. Por lo tanto, el no garantizar el acceso de este recurso en los hogares más vulnerables, como ocurre en el barrio Villa Jazmín, repercute en la falta del mejoramiento de las condiciones de salud, economía y desarrollo de las familias. Este hecho lleva a los ciudadanos a proveerse del servicio en ocasiones de manera ilegal.

Medellín se caracteriza como una ciudad líder en materia de prestación de servicios. En particular, Empresas Públicas de Medellín es considerada como la mejor empresa de servicios públicos del país y una de las mejores en América Latina. EPM tiene presencia en varios países tales como: (Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Salvador, México, Venezuela y Chile). Paradójicamente, su presencia en esta ciudad resulta ineficiente para suplir las necesidades de algunas zonas de urbes como lo es en Villa Jazmín.

La falta de agua y de alcantarillado es la realidad que viven los habitantes de este barrio desde hace diez años, en la comuna 7 de Robledo. Con la necesidad de tener la prestación del servicio han recurrido por su cuenta abastecerse del recurso hídrico de manera ilegal. Es importante destacar que el barrio es una zona de alto riesgo y esto podría traer mayor inestabilidad del terreno por las fugas de agua.

Se encuentra en una pendiente, algunas casas están recursivamente hechas de tablas y palos. Se debe caminar con precaución sobre el terreno árido y pantanoso en épocas de invierno. Aun así, los habitantes del barrio se las han ingeniado para llevar lo que necesitan para condicionar sus hogares.

Al finalizar la pendiente se encuentra la nueva carretera de San Cristóbal. El metro cable de San Javier pasa casi por encima del barrio. Bajo este medio de trasporte masivo, que ha sido reconocido como emblema de una ciudad innovadora, se encuentra una comunidad olvidada por la administración municipal, la cual se ha valido del uso improvisado de unas tuberías remendadas y de un sistema de alcantarillado.

Carlos Álvarez Vásquez vive en este barrio desde hace diez años y desde entonces extrae el agua desde el tubo madre de EPM, para abastecer del líquido vital a su familia y a sus vecinos. Él tuvo la iniciativa y es el encargado de regular el uso de este servicio.

Esta agua viene del Cucaracho – dice don Carlos narrando como extrae el líquido y señalando al barrio conjunto de Villa Jazmín – deben haber unos tres kilómetros de distancia y por ese lugar pasan tres tubos que van hasta la carrera 33, de 4 pulgadas que lo hacen las Empresas Públicas. Lo que hizo don Carlos, según cuenta, fue romper el tubo y ponerle unos anillos para extraer el agua. Él indica que existe una llave de control para cuando hay un daño, lo que hizo fue cerrarla y hacer la unión lo más rápido que pudo. La tubería llega hasta el barrio y ya en las casas distribuyen con otros tubos el agua potable.

Una casa de palos y tablas es el hogar de Claudia Patricia Londoño, habitante de este barrio desde hace un año y siete meses, en su interior tiene lo necesario para vivir. Todo está muy limpio y organizado. Al fondo de la vivienda mantiene varios baldes con agua recogida como alternativa de abastecimiento.

La señora Claudia cuenta un poco de su experiencia e indica que: “el problema es muy difícil porque el agua es ilegal y no es manejada directamente por las Empresas Públicas. No hay acción comunal y quien llega nuevo se pega también del tubo. Esto hace que el abastecimiento del agua se reduzca. Esta viene sucia casi todo el tiempo y los fines de semana no la tenemos en todo el día hasta la noche”. Además indica, que los tubos improvisados que tienen como alcantarillado expiden olores cuando presentan averías.

Elvia Ramírez Gonzales, lleva diecisiete años en este barrio y hace ocho años construyó la tubería de aguas negras porque no soportaba la mala higiene del lugar. Ella explica cómo es el manejo del alcantarillado: «cuando resulta un daño yo estoy pendiente. Nos juntamos los vecinos y hacemos el presupuesto de lo que vale el arreglo y entre todos pagamos. Hacia abajo tenemos una caja donde llegan las aguas sucias y se conecta con el de EPM”. Indica que cada dos o tres meses se le hace mantenimiento para evitar que no vayan piedras u objetos que tapen la tubería.

Estar cerca de los vertimientos y los malos olores especialmente en las noches, ha afectado la salud de la comunidad especialmente la de los niños. “Algunos de ellos les han aparecido ronchas o granos en su cuerpo cuando juegan muy cerca a estas alcantarillas”, indica Yaneth Muñoz Ríos residente del barrio.

Medellín fue la primera ciudad del país en contar con un programa social denominado Mínimo Vital de Agua Potable. Según se establece en el Acuerdo 06 del 11 de abril de 2011 y en el Decreto Municipal 1889 de noviembre de 2011 este programa consiste en el descuento del valor de 2,5 metros cúbicos por mes del servicio público de acueducto y alcantarillado por persona en el hogar.

Por otra parte, Shirley Cristina Giraldo Gonzales, trabajadora social de la alcaldía de Medellín en la comuna 7 de Robledo, indica que este programa mínimo vital de agua tiene dificultades principalmente la siguiente: «Este funciona en forma de un descuento en la factura del consumo, pero para los hogares que tienen los servicios suspendidos no verán reflejado este beneficio pues no se genera factura sobre la cual puedan ver efectivamente aplicado el descuento al que tienen derecho».

Entre las mismas normas se genera una contradicción: una ley prohíbe la prestación de los servicios en zonas de alto riesgo (Ley 388 de 1997 y Ley 1450 de 2011, Acuerdo 46 de 2006) y otra obliga a llevarlos (Ley 142 de 1994 y Ley 143 de 1994). El verdadero dilema lo siente la población que se asienta en zonas donde la norma prohíbe la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Pero su condición de ser un bien esencial, absolutamente necesario para el desarrollo humano y para la vida misma, no les da más opción que buscar las formas posibles de acceder a ellos, ya sea por vías de hecho mediante las conexiones ilegales o mediante vías de derecho como la acción de tutela.

Francisco Duque Gómez, sociólogo de la Universidad de Antioquia, opina que es una condición desfavorable para estas personas: «Mientras en los barrios no se solucionen y no se brinde con plena garantía el suministro de un mínimo vital de agua y no se reconozca el derecho fundamental de las personas a gozar en su lugar de residencia de agua potable y un sistema de saneamiento básico, las situaciones que originan la desconfianza popular en el Estado, la conformación de formas violentas de organización y control social no se podrán detener».

La configuración física del territorio en Medellín, por ser un valle estrecho rodeado de una serie de montañas, hacen que sus laderas sean empinadas e inestables, lo que genera que existan una cantidad de áreas que se consideran de alto riesgo geológico, es decir, zonas en las cuales las normas prohíben la construcción y ubicación de población en forma permanente, son zonas prohibidas para los procesos de urbanización incluyendo la prestación de servicios como es el caso del barrio Villa Jazmín. Donde los residentes son consientes que están en una zona de alto riesgo y por esto no tienen el recurso del agua y servicio de alcantarillado de la manera digna y legal como en otros lugares, pero el dilema es que no tienen muchos de ellos a donde ir por temas como desplazamiento y escases  económica.

Presentar una empresa pública como la mejor del país como es el caso de EPM y teniendo en cuenta que es posible que el metro cable llegue a esta zona es un tema que deja mucho que pensar, porque aunque se diga que no es posible prestar el servicio por ser zona de alto riesgo, los mismos habitantes de este barrio han logrado abastecerse del recurso del agua y tener un manejo de su propio alcantarillado.

Debería ser considerado este un nuevo reto para una ciudad que está preparada para seguir anunciando con bombos y platillos que son personas emprendedoras y que son la ciudad más innovadora del mundo.