Factores como la poca participación en cultura política de los ciudadanos, el escepticismo frente a la desmovilización e indulto y la desigualdad, son algunos de los elementos que interfieren en las percepciones sobre el proceso de paz. Expertos nos cuentan su visión y cómo debe ser la preparación de los colombianos para el posconflicto.

Por: Yaqueline Acevedo, Leidy Blandón, Jerónimo Builes y Stefanía Zapata

stefania.zapatalo@amigo.edu.co

Medellín 19 de mayo 2016

Colombia ha sido marcada por el conflicto armado durante más de 50 años por diferentes grupos como las Farc. Durante este periodo se han buscado acercamientos para lograr un cese al fuego. Desde septiembre de 2012 se llevan a cabo los diálogos entre delegados del Gobierno de Juan Manuel Santos y de las Farc, en La Habana, Cuba. Cinco son los temas que se tratan en la agenda, sin embargo hay personas que aún desconocen cuáles son. Un ejemplo de esto se evidencia en una encuesta de la Fundación Universitaria Luis Amigó, realizada a estudiantes de la Facultad de Comunicación Social en marzo de 2016, donde se halló que el 60.9% de los encuestados solo conoce algunos temas.

Hay un sexto punto en la agenda que abarca la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos, donde los colombianos a través de un plebiscito, decidirán si están de acuerdo con lo pactado. Este, últimamente se ha olvidado, puesto que los negociadores, el pasado 12 de mayo, acordaron que todo lo que se pacte será elevado a rango de acuerdo especial, con el objetivo de cumplir con el Derecho Internacional Humanitario, así, el acuerdo final sería un nuevo artículo transitorio dentro de la Constitución Política de Colombia. Según Humberto De la Calle, estas medidas sí incluyen refrendación popular, pero no han sido pactadas.  (Más información aquí).

Si bien los colombianos se enteran de los temas tratados en La Habana, a través de discursos de las dos partes en los medios; predomina la desconfianza y los debates que generan las personas inmersas en la política del país, como son los principales opositores al proceso de paz, entre ellos el senador Álvaro Uribe del Centro Democrático y la senadora Claudia López de la Alianza Verde, quienes defienden la paz sin impunidad. A estos se suman factores como la violencia impuesta por otros grupos armados, la cultura política de los ciudadanos, la violación al cese al fuego de las Farc, e incluso la falta de preparación para el país en cuestiones de posconflicto, perdón y reconciliación.

Controversia por la participación política y la pobreza

La participación en política por parte de las Farc es uno de los puntos que ha generado más debate, pues en la dejación de las armas, ellos proponen ayudar a la democracia con la conformación de partidos políticos opositores, que a su vez ayuden a construir la paz. Al firmar los acuerdos que beneficien a la comunidad, se tornaría difícil controlar que entre las Farc, también se encuentran las personas disidentes que continúan en sus filas. A lo anterior, el concejal Julián Gómez, se pregunta ¿qué van a hacer las personas disidentes?, ¿Cuáles van ser esas actividades?.» Es algo preocupante y fundamental, que se debe tocar dentro de una negociación, debido a que hay personas dentro de las Farc que no están de acuerdo con que se hagan estas negociaciones».

Los ciudadanos son parte de la cultura política, de ellos depende que los miembros de las Farc sean elegidos o no dentro de un cargo público en un futuro, pero predomina la desconfianza a las instituciones y, la participación en votaciones varía según el tipo de elecciones, así lo indica el último Informe de Cultura Política del DANE. Los colombianos son quienes están directamente involucrados en la toma de decisiones, sin embargo expresan que su voz no es escuchada por los altos mandos. Por otra parte para que la paz sea un hecho real se necesita de la participación política de todo el pueblo que a su vez, debe conocer los mecanismos de participación ciudadana.

Debido a los acontecimientos violentos que han vivido los municipios de Colombia, los ciudadanos pierden la esperanza de que se dé un cambio significativo en el país. En el informe del DANE se muestra que solo un 53,3% de las personas manifiesta conocer un solo espacio de participación y que el 28,9% de las mismas consideran que Colombia es un país democrático. La falta de participación ciudadana en la toma de decisiones políticas afecta la situación democrática del país, haciendo de este uno de los factores influyentes en el proceso de paz.

La pobreza siendo otro de los factores que interfiere, es una de las razones por la cual existe el conflicto en Colombia, debido a que es una alternativa que encuentran los ciudadanos para salir de esa situación, dedicándose a la delincuencia y perteneciendo a organizaciones de izquierda, que afectan el bien común de la población.

Según el último reporte del Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina. Donde el 10 % de la población más rica del país gana cuatro veces más que el 40% más pobre. Sin importar que la pobreza ha caído desde 2002 en adelante, la desigualdad se mantiene constante, de acuerdo con la publicación. Estos factores provocan que los ciudadanos lleguen a extremos que afectan la comunidad. El gobierno tiene la responsabilidad de que, con el fin del conflicto, se generen planes especialmente en las zonas rurales y vulneradas por grupos armados donde se evidencia más estos ámbitos.

Perdón y reconciliación: preparación al posconflicto

Firmando el proceso de paz, el país se prepara para una sociedad del posconflicto, donde la inclusión, el perdón y la reconciliación deberían predominar por encima de los temores y la desconfianza, creándose asimismo otras negociaciones de paz, como las recientemente propuestas entre el Gobierno y el ELN.

Algunos colombianos pueden ser escépticos a la hora de convivir con personas que fueron incitadores de la violencia, y al aceptar también que el indulto, a algunos guerrilleros, hará parte del posconflicto. Esta aceptación, en ocasiones es cuestión de género, así lo demuestra una investigación de la Universidad de los Andes, donde se evidencia que no hay diferencias de género en cuanto al apoyo general del proceso de paz, pero  «las mujeres tienden a ser más escépticas frente a la desmovilización definitiva y la reconciliación con los miembros de las Farc, así como desaprueban más la participación política de los desmovilizados de este grupo armado».

Factores como la educación y el empleo influyen en que tanto desmovilizados como todos los ciudadanos, no recaigan en incitaciones violentas que alteren la paz. Para Julián García, debe haber un censo en la población desmovilizada que garantice el cumplimiento de sus actividades legales: »tener una hoja de ruta a seguir por tantos años, a todas estas personas disidentes para que no puedan caer en eso de lo que se salieron. No obstante tener la ayuda de los países vecinos que han estado en este proceso para que nos brinden un apoyo vigoroso y lograr controlar este tema. También acompañados por las ONG y por la ONU para que ayuden a llevar un seguimiento del mismo y así, más adelante, no se fortalezcan grupos como el Clan Úsuga».

Por su parte, Daniel Castaño Zapata, miembro del Grupo de Investigación en Conflicto y Paz de la Universidad de Medellín, asegura que lo realmente difícil es la estructuración subjetiva de los excombatientes y el conflicto de aceptación que pueda presentarse en las dos partes: »lo que me preocupa en términos del posconflicto más que la entrega de armas, es que hay dos subjetividades en juego, la del guerrillero y la del no combatiente. Cuando hablamos de excombatiente estamos hablando de la persona que ha vivido entre el conflicto, estas personas tienen una identidad y en el momento de la renuncia hay una desafiliación, donde comienza una nueva adaptación social, donde no encajan fácilmente en la sociedad y donde difícilmente son aceptados».

Ambos están de acuerdo con el actual proceso de paz y con que una sociedad del posconflicto es posible, aunque consideran que en la mesa de negociaciones hacen falta más temas, con los que hay, apenas se firme el acuerdo final que garantice la paz, coinciden en que pueden haber procesos de verificación y monitoreo de partes internacionales que constatan el cumplimiento del acuerdo y así, contribuir al desarrollo de Colombia en la sociedad del posconflicto.

Los ciudadanos tienen la responsabilidad de asegurar al gobierno una participación activa en las políticas públicas, en los planes de desarrollo y en todo tema que incluya a la sociedad. Daniel Castaño afirma que hace falta radicalmente la voz de la sociedad civil en los diálogos de paz y en todo proceso de toma de decisiones. La participación ciudadana será un complemento y una articulación al sistema de representación política y administración pública, que ayudará al mejoramiento de la sociedad colombiana.