La cuenca de la quebrada Sinifaná tiene 280 minas de carbón, de éstas 42 tienen titulo minero y solo en algunas alegan tener un proceso de “legalización”.

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Las políticas estatales de globalización del negocio, la exigencia de competitividad y la problemática de informalidad llevarán a la extinción a la minería artesanal de carbón en la cuenca de la Sinifaná, en el suroeste cercano de Antioquia.

Según la Secretaría de Minas de Antioquia, hay alrededor de 280 minas en la cuenca de la Sinifaná, que abarca los municipios de Amagá, Angelópolis, Titiribí, Heliconia, Fredonia y Venecia. De allí, solo 42 tienen título minero y solo algunas están dentro de procesos de legalización.

De acuerdo con las exigencias del mercado mundial y las políticas nacionales, en Colombia se debe cambiar el método de extracción del carbón, de artesanal, a industrializado, lo que implica un proceso de inversión y reeducación.

De acabar con las prácticas tradicionales de la minería, dice Javier Galeano Baena, sociólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, no solo se excluiría del mercado a la pequeña empresa, si no que el nivel de desempleo en la zona se incrementaría, pues la gran industria no es capaz de integrar a los 6 mil mineros artesanales que ahora se dedican a esas actividades.

De acuerdo con Jorge Gómez, diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia, para la cuenca de la Sinifaná, la tecnificación no es indeseable por sí misma y, por el contrario, es posible hacerla sin arrasar ese tipo de minería, más referida a pequeña explotación.

El problema radica en la cadena de intermediación que ejerce una “súper explotación” sobre estos pequeños y medianos mineros, que no les permite acceder a medios modernos y más seguros de explotación, concluye el dirigente político.

En su propia voz

Hace 37 años que Luis Emilio Herrera y Gildardo Salas descubrieron la mina de carbón La Cecilia y desde entonces en jornadas de diez horas diarias se dedican a extraer el mineral con sus 19 empleados.

“Esta es una de las minas más pequeñas de Amagá pero una de las más tecnificadas”, afirma Luis Emilio. Usando picos, martillos, dinamita y taladros con brocas hasta de un metro -que llaman machines- extraen el carbón a una profundidad de 350 metros, con una producción mensual de 150 toneladas.

El precio en el mercado de una tonelada de carbón granulado, el más grande y compacto, es de 170 mil pesos; el almendra, es el mediano y lo pagan a $150 mil y el ripio a $70 mil, pero ha bajado a $30 mil, explica Oscar Alfonso Henao, trabajador de la mina.

Óscar Alfonso Henao y Elkin Cano afirman que toda la vida trabajaron en la minería y no saben hacer otra cosa: “estas tierras están hechas para la minería, aquí la mayoría de personas crecen con el deseo de tener su propia mina y trabajarla” dice Óscar Alfonso.

“A los diez años, empecé trabajando en un hueco a la orilla de la carretera, por Angelópolis, en una gurrera (nombre que se le da a los hoyos de poca profundidad donde extraen carbón), como era tan pequeño cabía por los huecos que los patrones cavaban y de ahí sacaba el carbón”, dice Elkin Cano quien recuerda que ganaba $1.600 semanales.

Ahora, con 34 años, un sueldo semanal de $200 mil, riesgos profesionales, pensión y seguro social, es consciente del riesgo que corría trabajando en la minería ilegal.

Una lucha larga

Para Marco Antonio Roldán, habitante hace 80 años en Amagá, la alcaldía municipal ha luchado por acabar con la minería ilegal a través de seguimientos y capacitaciones con el SENA. El problema es que “a los menores de edad es muy difícil frenarlos y sobre todo cuando la gente se está muriendo de hambre”, advierte.

La pobreza es una de las causas de la práctica informal de la minería de carbón y una de las problemáticas que más aqueja la cuenca de la Sinifaná, pues las autoridades son incapaces de tomar medidas correctivas que concienticen a la población de los verdaderos riesgos que trae consigo esta práctica.

Luis Carlos Villegas, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) en su mensaje feria internacional minera que sesionó en septiembre, afirmó que “en materia ambiental el mayor problema está asociado con las prácticas insostenibles de la minería ilegal; un cuestionamiento evidente es la imposibilidad en unos casos y la negligencia en otros, de muchas autoridades ambientales regionales, con respecto a la minería ilegal, lo que hace necesario abrir el debate sobre la estructura, conformación de sus consejos directivos, obligaciones, funciones y sistemas de reporte”.

Peligro

Las gurreras o minas capoteras, como las denomina Marco Antonio Roldán, son las más peligrosas por el mal mantenimiento que reciben y la falta de garantías que le ofrecen a los trabajadores: “mientras una mina tecnificada mata a un trabajador, las gurreras han matado a diez”, agrega.
“En la vereda La Delgadita se presentó uno de esos casos. Arturo Giraldo, quien trabajó en Industrial Hullera, decidió irse de gurrero al sector de Mal Abrigo, en Amagá. Un barranco lo mató y la mujer le tuvo que costear el entierro porque ni siquiera estaba asegurado”.
Para Javier Galeano Baena, mientras las autoridades no ejerzan controles o promuevan una asignación presupuestal focalizado en la sostenibilidad de la pequeña minería, incentivando a la formalización y, por ende, la disminución de los riesgos laborales y ambientales, los pequeños productores están obligados a permanecer en la ilegalidad.

La ley
La reforma a la ley de minas no afecta ningún tipo de minería y menos a la extracción artesanal debido a que es de gran importancia para el desarrollo minero del país, genera muchas oportunidades de empleo y es la única actividad posible en muchas regiones mineras de pequeña escala, asegura Arturo Quiroz, director de la Cámara de Asomineros de la ANDI.

Sin embargo, Francisco Zapata Ospina, abogado especialista en minas, dice que los diferentes sectores de la minería en Colombia tienen cierto consenso en que la reforma a la ley de minas apunta hacia la consolidación del potencial minero y a ponerlo al servicio de quienes tienen capital para la explotación.

En 1999, las exportaciones de carbón sumaron 548 millones de toneladas, representando el 12% del consumo total; para el cierre del presente año serán de 75 millones de toneladas, explica Jaime Olivella, presidente de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón).

Las empresas nacionales salvo pocas excepciones no invierten en la minería porque no poseen capital para hacerlo, agrega Zapata Ospina, por ello se visualiza la posibilidad de que la transferencia de tecnología y los beneficios para las empresas que lo permitan.

La ley colombiana eliminó las diferencias en las diferentes modalidades de minería, sometiéndolas a igualdad de condiciones; se fijó un nuevo esquema a través de la figura de la concesión, incluso en áreas de Reserva Minera Especial y se transfirió su autoridad a Municipios y Departamentos.

En estos casos, los títulos legales son otorgados a las grandes empresas y los mineros tradicionales con frecuencia son forzados a trabajar en la ilegalidad; en algunos casos, se emprende un proceso legítimo de reasentamiento y compensación para la población y así permitir la minería en gran escala; sin embargo, en otros, se usa la intervención de los gobiernos o, incluso, de la fuerza pública para hacer valer los derechos de la empresa privada, como explica en su investigación sobre el Proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable, el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo.